Ginebra, 11 de septiembre de 2017

Ideas preliminares de violación de derechos humanos en Venezuela.

En primer término, quisiera agradecer el importante esfuerzo realizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien pese a las adversidades que comporta la realización de una investigación seria e independiente en esta materia en el caso de Venezuela, logró establecer con un alto nivel de precisión, la actual situación por la que atraviesan los Derechos Humanos en nuestro país.

Los resultados que allí se exponen, son bastante similares a los obtenidos por el Ministerio Público venezolano en el transcurso de las investigaciones que hemos adelantado en esta materia, por lo que los avalamos plenamente. Sin embargo, me atrevo a afirmar, que, a pesar de lo dramático del panorama allí descrito, el material recopilado en el ejercicio de nuestras funciones nos permite sostener con fundamento probatorio, que la situación es aún peor.

Resulta poco ortodoxo al menos desde nuestra  experiencia, que nosotros como miembros de un poder público del Estado, en pleno ejercicio de funciones constitucionales de defensa de la legalidad, preservación del estado de Derecho y de ejercicio de la acción penal, como lo es el Ministerio Público,  concurra a un foro como este a visibilizar los hallazgos producto de años de investigación de delitos en contra de los Derechos Humanos, que desafortunadamente se han venido agudizando en nuestro país. Esto a todas luces evidencia que no es posible la obtención de justicia en Venezuela, y que debemos acudir a otros mecanismos para procurar obtenerla.

En mi caso, me desempeño como Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, y soy el tercero en la estructura organizativa de la institución, institución ésta, que  por adelantar investigaciones independientes, basadas en elementos de carácter científico universalmente constatables, el 05 de agosto de este año, fue tomada militarmente y sustituidas sus autoridades por un acto de fuerza, carente de sustento jurídico válido; esta es la razón por la que todos los estados democráticos y respetuosos del estado de derecho, reconocen a la Dra. Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República en funciones. Actualmente, muchos funcionarios del Ministerio Público, estamos siendo objeto de persecución por parte de las autoridades venezolanas, quienes pretenden así, impedir que se conozcan los hallazgos de las investigaciones de los diversos delitos que se cometen desde el ejercicio del poder político.

Con mucho pesar debemos informar, que en nuestro país nos encontramos ante un funcionamiento ANÓMALO del Estado, ante un proceso de desinstitucionalización permanente, y peor aún, ante la consolidación de un andamiaje jurídico, diseñado para el favorecimiento y protección de la criminalidad organizada, y de forma más precisa, aquella que se ejerce a partir de la función pública con absoluta impunidad.

Prueba de ello, es la observación que plasma el Alto Comisionado en las conclusiones del informe, cuando acota que “… las autoridades han respondido con escasas condenas de la violencia y de las violaciones de derechos humanos…”, por lo que recomienda al Estado, condenar públicamente estos casos. En este punto es necesario informar, que no sólo no se condenan públicamente las violaciones de Derechos Humanos, por el contrario, estas se premian sonoramente.

Frente a la citación del Ministerio Público para imputar el coronel Vladimir Lugo por el asalto a la Asamblea Nacional, agresiones al Diputado Julio Borges, y agresiones físicas a una periodista, la respuesta oficial fue condecorarlo en acto público televisado, por el presidente de la República. Por cierto, fue este mismo funcionario quien dirigió las acciones para la toma militar de las instalaciones de nuestra institución. Este no es un hecho aislado, se trata de un patrón bien definido.

Fiscales en materia de protección de derechos fundamentales citaron para imponer de cargos al General José Benavidez, ex comandante de la Guardia Nacional por su responsabilidad en múltiples violaciones de derechos en el marco de las manifestaciones ocurridas durante este año en el país; al día siguiente, fue designado Jefe de Gobierno del Distrito Capital, cargo que según el TSJ tiene fuero de protección especial ante procesos penales, truncando así la acción de la justicia. Lo propio ocurrió con el actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, quien luego de ser citado para imponerlo de cargos por violación de derechos humanos, fue ascendido a General en Jefe en acto público, con lo que generó un impedimento para su enjuiciamiento dado el fuero que tienen estos funcionarios. Hemos documentado al menos tres casos más en los que se mantiene el mismo patrón de comportamiento, lo que denota la poca importancia de la protección a los Derechos Humanos en Venezuela.

Nos referiremos hoy a aquellos hechos respecto de los cuales ya hemos recopilado suficiente información probatoria, que nos permite sostener que nos encontramos ante una actividad sistemática que ocurre con la participación directa de las autoridades y en algunos casos con su permisividad.

En Venezuela se gesta la imposición de un modelo político en el que predomine una forma única de pensamiento, y en función de ello se han alineado la totalidad de las instituciones. Para el logro de ese objetivo primordial, se han usado una serie de mecanismos de control social que comporta la vulneración de los derechos más elementales inherentes a los seres humanos.

Muestra de esta afirmación, es que para el acceso a los alimentos subsidiados que son repartidos en las viviendas mediante los llamados CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), las personas deben estar afiliadas a alguna forma de organización afín al modelo político, ya sea Consejo Comunal, tener el denominado carne de la Patria, o ser miembro del comité. De no ser así, se corre el riesgo de no recibir estos productos. Se convirtió la distribución de alimentos en un mecanismo de control social y político; fue el mismo gobierno quien creó las condiciones socioeconómicas de penuria para los venezolanos, y esto, además, le sirvió de excusa para la creación de un sistema perverso, discriminatorio y corrupto para la distribución de alimentos. Actualmente, estamos investigando con la colaboración de otros Ministerios Públicos, este esquema corrupto que ha dejado grandes ganancias a un grupo muy selecto del poder político.

Con este esquema, los ciudadanos más necesitados no pueden decidir que comer y cuando hacerlo, esta decisión está en manos del gobierno, los cual a lo menos constituye una importante violación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Otra área en las que hemos desarrollado importantes investigaciones es en el tema de inseguridad personal, y en la respuesta estatal ante este fenómeno. La situación de inseguridad se ha acrecentado en los últimos años. La respuesta oficial se ha centrado de forma exclusiva en el incremento de la acción policial; lo que se traduce en más poder para la policía, y menos derechos para los ciudadanos. Durante el 2016, se cometieron en Venezuela un total de 21.752 homicidios, lo que se traduce en 70,11 homicidios por cada 100 mil habitantes (para el cálculo de esta cifra seguimos los parámetros del Protocolo de Bogotá, lo que aporta un criterio técnico sustentable a esta cifra).

Para enfrentar la ineludible realidad de violencia delictiva que impregna a la sociedad venezolana, partir de agosto de 2015, el gobierno implementó un plan denominado Operación de Liberación del Pueblo conocida como (OLP). Esta nace como medio para procurar cierta legitimidad en el contexto de un año electoral sumergido en crisis de diversa índole, por lo que se opta por el camino aparentemente más sencillo: tomar la seguridad como bandera de la campaña electoral y a través de ella tratar de mostrar alguna eficiencia. También con la OLP el aparato militar y policial no solamente gana poder bélico y señorío en la calle, sino que además se posicionan políticamente dentro de los espacios de toma de decisiones y por último, como Mensaje autoritario: no existen límites en el ejercicio del poder por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la razón de Estado por encima del ordenamiento jurídico.

La puesta en práctica de este plan tiene particular importancia para los acontecimientos que se desarrollarían a futuro en el país, pues ya veremos como éste se convierte en el ensayo preliminar que determina el comportamiento de los cuerpos de seguridad de Estado, frente a las protestas ciudadanas que se desarrollaron durante el 2017, en el marco del denominado “Plan Zamora”. En efecto, estimamos que la delegación de un poder ilimitado a los cuerpos policiales, al margen de cualquier legalidad, sirvió de entrenamiento para lo que estaba por venir.

Durante la implementación de la OLP, el Ministerio Público registró 505 personas asesinadas a manos de los cuerpos de seguridad del estado; Por estos hechos iniciamos 357 investigaciones (esto se explica porque en varios operativos la policía quitó la vida a más de una persona simultáneamente); Se iniciaron 77 investigaciones por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima, trato cruel, tortura, entre otros. Ya habíamos imputado a 112 funcionarios policiales y militares, y estaban siendo investigados 1074. Asimismo, nuestros investigadores y expertos realizaron 3696 actos de investigación. La OLP consistió en la toma “militar” de zonas económicamente deprimidas en las principales ciudades del país. Allí, las fuerzas de seguridad ingresaban de forma masiva e indiscriminada, sin orden judicial a las viviendas, generalmente en horas de la noche o en la madrugada, y luego de atropellar a sus moradores, apartaban del grupo familiar de aquellos considerados “sospechosos” quienes eran ejecutados. Luego de ello, las autoridades ponían en práctica un despliegue mediático para catalogar a los fallecidos como delincuentes peligrosos que habían sostenido enfrentamientos armados con las fuerzas del orden. Esta versión fue descartada en la casi totalidad de los casos, logrando determinar patrones de comportamiento similares en estas acciones, que dan cuenta que efectivamente fueron verdaderas ejecuciones. En muy pocos casos resultaron funcionarios lesionados durante los hechos, y menos aún fallecidos. 

Las víctimas de estos hechos fueron generalmente hombres jóvenes, y todos en situación de pobreza, habitantes de las zonas marginales de las ciudades, por lo que algunos no dudaron en catalogar estos operativos como de criminalización de la pobreza o de exterminio de pobres. Mediante estos procedimientos ilegales, se produjo un hito en cuanto al debilitamiento del Estado de Derecho, y el menoscabo de las funciones del sistema de Justicia.

El uso desmedido de la fuerza, allanamientos masivos, destrucción de la propiedad privada, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, fueron el signo de actuación de los cuerpos policiales durante las protestas que se escenificaron durante el presente año en nuestro país, y aquí debo observar que era importante que el valioso informe del ACNUDH se refiriera a la militarización del orden público como constante por la que se ha ido produciendo en Venezuela, como factor que además ha contribuido a la visión del manifestante como enemigo u objetivo militar.

Al respecto debo informar que también tenemos acreditado desde el punto de vista probatorio, algunos patrones de comportamiento que oportunamente advertimos a las fuerzas del orden, que desgraciadamente no fueron corregidos, en perjuicio de la población y que fueron certeramente señalados en el informe del alto comisionado. Entre ellos destacan el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones, la modificación de municiones con el objeto de aumentar su letalidad, el uso desmedido de gases tóxicos, incluso en zonas con población vulnerable como centros médicos y escuelas, detenciones arbitrarias, torturas y allanamientos masivos, situación que repite la nocivas prácticas de los Operativos para la Liberación del Pueblo, lo que en nuestro criterio constituye una línea de acción claramente definida que conecta cada una de las acciones institucionales tendentes a la progresiva negación de Derechos de los ciudadanos.

Para ir concluyendo, quiero referirme a la situación de criminalización del pensamiento divergente que impera en nuestro país. Desde el ejercicio de nuestra función tenemos suficiente información acerca de patrones represivos dirigidos hacia la disidencia política. Detectamos y desmontamos una práctica dirigida hacia la siembra de evidencia incriminatoria en delitos hacia actores políticos, e incluso periodistas. En casos como los de Yon Goicochea, Coromoto Rodríguez, José Vicente García, Carlos Melo, Braulio Jatar y  Alejandro Puglia, entre otros, obtuvimos  evidencia concluyente que nos permitió sostener jurídicamente que los casos habían sido construidos por la policía y actuamos jurídicamente en consecuencia. Esto provocó que en lo sucesivo casos como el de Gilber Caro y Steicy Escalona y Wilmer Azuaje, entre otros, fueran conducidos hacia la Jurisdicción Militar, en donde existe una absoluta subordinación del sistema a las peticiones del ejecutivo, y en donde existe una importante limitación del ejercicio del derecho al debido proceso. Todas estas personas tienen en común haber fijado una posición política crítica al gobierno, lo que les ha valido su ilegal encarcelamiento, con la agravante de que algunos permanecen detenidos, aun cuando se han librado órdenes judiciales de excarcelación.

Pronto vamos a poner a disposición del público, el informe final que recoge la totalidad de las acciones represivas del Estado durante las protestas del presente año, la cual podrá ser consultado por diversos medios.

De todo lo expuesto, contamos con profusa y adecuada prueba: Haremos uso de ellas mediante los mecanismos internacionales y universales correspondientes, pues no es ético no hacer uso de ellas cuando pueden contribuir a la realización de la justicia.

Solicitamos se mantenga el foco sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo actualmente en Venezuela, y se genere la presión necesaria para procurar el restablecimiento del Estado de Derecho, y regrese la tolerancia, el sometimiento a la ley, y la reinstitucionalización de nuestro país.

Muchas Gracias.                   

                                                             

Author

unwatch

Related Posts