Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Proyecto de Resolución para sesión especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos,
Reafirmando la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

Recordando las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1 y 5/2 del 18 de junio de 2007,

Reafirmando que todos los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas;

Enfatizando que, como miembro del Consejo, el Gobierno de Venezuela está obligado, bajo la resolución de la Asamblea General 60/251 del 15 de marzo de 2006, a sostener los más altos estándares en la promoción y la protección de los derechos humanos,

Expresando indignación ante el número alarmante de muertes de civiles causadas por la escalada en la violencia perpetrada por las fuerzas del Gobierno de V enezuela,

Condenando el arresto ilegal y la detención de cientos de presos políticos y demandando su liberación incondicional e inmediata,

Condenando también las redadas violentas de las fuerzas del Gobierno, en medio de la noche del 1 de agosto, contra los hogares de los líderes demócratas Leopoldo López y Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, su detención por varios días mientras se los mantuvo incomunicados, y su continuo arresto domiciliario; y recibiendo con agrado, en este sentido, las declaraciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidiendo por su liberación inmediata, y por la de todos los que estén en detención por ejercitar sus derechos a la libertad, a la asamblea pacífica, de asociación y de expresión,

Acogiendo con beneplácito la declaración de Lima del 8 de agosto de 2017 por parte de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, que determina que Venezuela ya no es una democracia, y que la llamada Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima; condena la violación sistemática de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, le existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo el monitoreo de observadores internacionales, expresa su preocupación sobre la crisis humanitaria; y condena la negativa del Gobierno de Venezuela a permitir el ingreso de alimentos y medicinas al país para satisfacer las necesidades básicas del pueblo venezolano,

Alarmados por los hallazgos del equipo enviado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que documentó el uso sistemático del exceso de fuerza y detenciones arbitrarias contra manifestantes, y patrones de otras violaciones a los derechos humanos, incluyendo redadas violentas en casas, tortura y maltrato de aquellos detenidos en conexión con las protestas; el uso de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes sin previo aviso; el uso sistemático y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional, la Policía Nacional y las fuerzas policiales locales, para inspirar el miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran a instituciones públicas a presentar sus peticiones;

Condenando el rol de los grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, que rutinariamente atacan a los manifestantes, portando armas y acosando y en algunos casos disparando contra ellos, provocando al menos 27 muertes; la detención arbitraria de más de 5051 personas desde abril hasta julio de este año, con reportes verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles contra los detenidos, y que en algunos casos han recurrido a la tortura, usando choques eléctricos, golpizas usando los cascos y las porras mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a detenidos de las muñecas por largos períodos de tiempo, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares; y ataques contra periodistas para obstruir su trabajo de informar sobre las manifestaciones, incluyendo casos en los que han recibido impactos de cartuchos de gas lacrimógeno y de perdigones, y la detención y la amenaza contra periodistas que, en varias ocasiones, fueron despojados de sus equipos.

Condenando la decision de 5 de agosto de 2017, de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, de despedir a la Fiscal General,

Acogiendo con beneplácito también el llamado del 4 de agosto de 2017 de parte del presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Relator Especial sobre Libertad de Expresión, el Relator Especial sobre Libertad de Asamblea Pacífica, el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados y el Relator Especial sobre la Tortura, a que se ponga un fin a las detenciones sistemáticas de manifestantes por parte del Gobierno de Venezuela y el uso de tribunales militares para juzgar civiles.

Recordando las declaraciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del 31 de marzo de 2017 expresando su seria preocupación sobre las restricciones del Gobierno venezolano sobre la libertad de tránsito, de asociación, de expresión y de protesta pacífica; sobre la escases de alimentos y medicinas, y el incremento de los precios, que resultaron en el sufrimiento diario de los venezolanos; y la falta de independencia de las instituciones nacionales que velan por el estado de derecho en Venezuela;

Recordando la declaración conjunta del 28 de abril de 2017, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, del Relator Especial sobre la Libertad de Asamblea Pacífica y de Asociación, del Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, y del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, haciendo un llamado al Gobierno de Venezuela a que permita las protestas pacíficas y a que investigue adecuadamente las muertes provocadas en las manifestaciones recientes; expresando su seria preocupación sobre las acusaciones de uso de la fuerza excesivo e indiscriminado durante las protestas, así como de detenciones arbitrarias y asesinatos; recordando que también cientos de personas han sido heridas y más de 850 fueron arrestadas en las protestas; poniendo particular atención en una nueva medida que introduce una respuesta militar automática frente a las manifestaciones, conocida como el Plan Zamora, que aumenta las tensiones, eleva el riesgo de que se produzcan heridas y muertes; y poniendo énfasis en que las demostraciones deberían ser controlados sin recurrir a la fuerza, respondiendo con la fuerza estrictamente necesaria y proporcional a una amenaza específica.

Recordando que la Declaración de Lima decidió oponerse a cualquier candidatura de Venezuela en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales,

Recordando también que la Declaración de Lima determinó que Venezuela se encuentra en violación de los requerimientos y las obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos,

Recordando la resolución de la Asamblea General 60/251 del 15 de marzo de 2006, particularmente el OP 8, que establece que la Asamblea General puede suspender los derechos de membresía al Consejo de Derechos Humanos de un miembros que comete serias y sistemáticas violaciones a los derechos humanos,

1. Solicita que la Asamblea General suspenda los derechos de membresía al Consejo de Derechos Humanos de Venezuela;

2. Condena enfáticamente las extremadamente graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, encarcelamientos arbitrarios y el arresto de manifestantes pacíficos, que al ser generalizados y sistemáticos, podrían resultar en crímenes contra la humanidad;

3. Llama enérgicamente a las autoridades venezolanas a que pongan un fin inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos, a que detengan cualquier violación contra civiles, y a respetar todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y de asamblea;

4. Pide enérgicamente la liberación inmediata de todas las personas detenidas de forma arbitraria, incluyendo a todos los presos políticos;

5. Exhorta a las autoridades venezolanas a que cesen inmediatamente la intimidación, la persecución y los arrestos arbitrarios de individuos incluyendo líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas;

6. Exhorta también a las autoridades venezolanas a que hagan su mayor esfuerzo para prevenir un deterioro aún mayor de la crisis y a que promueva una solución pacífica garantizando la seguridad de todos los civiles y la estabilidad del país;

7. Llama urgentemente a un diálogo nacional abierto, inclusive y significativo que apunte a una reforma política y a la promoción y la protección de los derechos humanos;

8. Pide enérgicamente a las autoridades venezolanas a que cooperen con los procedimientos especiales del Consejo y que garantice el acceso de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, incluyendo organizaciones que monitorean los derechos humanos;

9. Decide establecer una Comisión de Investigación independiente e imparcial sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela para asegurar que aquellos responsables de violaciones rindan cuentas;

10. Solicita al Alto Comisionado que presente un reporte provisional al Consejo en su trigésimo-sexta sesión bajo el ítem 4 de la agenda sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que presente un reporte de seguimiento a la trigésimo-sexta sesión.

UN Watch

Author

Ezequiel

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